Lo que Quito nos dejó: ¿Es sostenible la solidaridad?

(Mundo Microfinanzas) Sucede en muchos eventos que la catarata de exposiciones y ponencias a las que asistimos, sumado a la cantidad de francas, caóticas, dispersas, fragmentarias, oídas y protagonizadas conversaciones y micro-diálogos que se producen en acontecimientos que tienen también mucho de social, nos obliga a un esfuerzo de síntesis y recapitulación. El desafío de dar alguna legibilidad a esa masa discursiva concentrada en apenas dos o tres días.

El foro Lecciones Aprendidas y Perspectivas de la Política de Inclusión Financiera, organizado por el Banco Central del Ecuador (BCE), que concluyera este sábado en Quito, no fue la excepción.

Desde luego, se habló mucho de inclusión financiera. Y precisamente una de las primeras conclusiones que nos deja este foro -que ha contado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin)- es que hablar de “inclusión financiera” no tiene mucho sentido si la expresión se reduce a eso: en mero postulado. A lo sumo, como hipótesis de consenso.

Pues ¿quién podría oponerse a que los servicios financieros sean accesibles a todos los miembros de una sociedad? Adjúntese el calificativo que se quiera a la palabra “inclusión” y obtendrá, seguramente, un compuesto semántico llamado a convocar unanimidades. Lo que se trata es de convertir aquella hipótesis de consenso en una práctica efectiva y ejecutable (un “inédito viable”, en palabras de Paulo Freire).

Y de lo que se trata es que esa inclusión financiera se enmarque en políticas públicas coherentes y articuladas. Eso también nos enseñó el foro. Una buena manera de inmunizarnos contra todo exceso de lirismo, contra toda efusión magnánima pero vacua, es imbricar programáticamente la meta de inclusión en todos los órdenes de intervención pública: normativo, reglamentario, institucional, educativo. Afortunadamente hemos visto que hay buenas experiencias en América Latina, comenzando por Ecuador.
Como dijo Verónica Albarracín, gerente general de la cooperativa ecuatoriana Maquita Cushunchic, en el último panel del foro, “la inclusión financiera tiene que ser de calidad”.

Algo más: Quito también nos dejó la constatación de que se puede hablar de inclusión financiera desde diversos enfoques ideológicos. Uno que podríamos llamar el enfoque “de la sostenibilidad”, que hace prevalecer ideas de estabilidad, solidez financiera, gestión, confianza en el rol asignador de recursos del mercado. Y otro que podríamos llamar “de la solidaridad”, que enfatiza en ideas de inversión contracíclica, balance social, participación, confianza en que los beneficios son inherentes a toda empresa de hombres que comparten sin egoísmos un mismo fin.

El foro del BCE nos mostró muy buenas argumentaciones desde uno y otro polo. Y también los riesgos a que se exponen ambas: la una a transformarse en receta, la otra en petición de principio (caricatura o falacia). Anotamos que el proyecto unánime de la inclusión financiera, en realidad, no sólo admite matices sino que también puede poner de manifiesto intereses en pugna. ¿Son conciliables la sostenibilidad y la solidaridad?

Ecuador se presenta como un laboratorio a verificar si este último interrogante puede ser respondido de manera afirmativa. La reciente ley orgánica de la economía popular y solidaria, que institucionaliza un tercer sujeto económico -junto a la economía pública y la privada-, propone el desafío de ver si esta heterogeneidad de actores puede coexistir sin mayores tensiones y realimentarse en un proyecto nacional de desarrollo. Los ejes de tensión son más complejos que la mera competencia de «naturalezas» entre bancos y cooperativas (hay que preguntar a algunos gerentes cooperativistas ecuatorianos si se sienten realizados ahora que pasarán a ser supervisados por la flamante Superintendencia de la Economía Solidaria). En tal sentido, el banco central deberá cumplir una función cohesionadora fundamental.

En oportunidad de la clausura del foro, la gerente general del BCE, Ruth Arregui, remarcó que el banco está recuperando su liderazgo financiero tras el proceso de dolarización de la economía con posterioridad a la crisis de fines de los ’90. Y recordó que la condición exclusiva del BCE como agente del gobierno en la formulación de política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tiene rango constitucional, a partir del texto de 2008. En el nuevo escenario financiero ecuatoriano, su rol seguramente tendrá mucho de mediador de intereses. Y su política de inclusión financiera, cuyos lineamientos animaron la discusión durante la conferencia, tendrá que responder a la necesidad de hacer sostenible a la solidaridad, y solidaria a la sostenibilidad.

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